146 días después, Marko Cortés insiste en el caso Rocha Moya

El senador del PAN Marko Cortés Mendoza habló este martes en el Patio del Federalismo, durante la sesión ordinaria del Senado, sobre el discurso de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. El mandatario estadounidense había dicho en la mañana que México es “el epicentro de la violencia de los cárteles”. Cortés, exdirigente nacional del blanquiazul y senador por lista nacional, no desmintió la frase. Dijo que no le llama la atención. Y la usó para reabrir dos frentes: Sinaloa y la elección de 2027 en Michoacán.

El legislador atribuyó el crecimiento de la extorsión y de la violencia electoral a lo que llamó “abrazos a los criminales”. Remitió el diagnóstico a Jalisco y a las elecciones de 2021. Afirmó que ese proceso fue, en su relato, el más violento de la historia, con candidatos bajados, golpeados, secuestrados y muertos, y que por eso el PAN acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA. Esas denuncias de Va por México ante ambos foros ocurrieron en 2021. Lo que Cortés añade ahora es la lectura política: que un jefe de Estado extranjero diga lo que el PAN sostiene desde entonces.

El segundo bloque de la entrevista fue el caso Sinaloa. El 29 de abril de 2026, un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York formuló acusación formal contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios sinaloenses por presunta conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. Han pasado 146 días. Rocha Moya está en su entidad, con licencia. Inzunza sigue en funciones en el Senado. Cortés preguntó por qué no se abre un proceso real en México o por qué no se le pide a Rocha que se presente ante las autoridades estadounidenses “si no tiene absolutamente nada de qué temer”.

El senador describió el recibimiento de Inzunza en la bancada de Morena —“con muchos abrazos”— como “encubrimiento” y “complicidad”. Son calificativos suyos, no un fallo judicial. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, sostuvo en abril que la solicitud de extradición, en una primera revisión, carecía de sustento conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales, y que correspondía a la FGR emitir opinión. Ese cruce de versiones sigue abierto: acusación en Nueva York, trámite en Cancillería y Fiscalía, fuero en el Senado.

Cortés dijo que ya hubo una acción concreta de Estados Unidos: el gran jurado y la solicitud de extradición. A México, según él, le toca “hacer lo propio”. La metáfora es de vecindario. Es como si el vecino del norte llamara a la puerta con un expediente y, del lado de acá, la casa discutiera si abre, si pide más pruebas o si el que está señalado se queda en la sala. Mientras tanto, el tratado de extradición de 1978 sigue siendo el cauce legal. No hay sentencia. Hay un reloj de 146 días.

¿Y qué cambia para quien no vive en Sinaloa ni cubre el Senado? El senador michoacano trasladó el argumento a su estado y a 2027. Dijo que en Michoacán un tribunal reconoció involucramiento del crimen en un proceso electoral, aunque lo calificó como no determinante. Preguntó cómo se mide “un poquito” cuando hay amenazas, extorsión, candidatos bajados y actas llenadas. El mensaje que dejó para el lector de cara a la siguiente contienda: quiere “consecuencias serias” antes de que arranque el proceso. No precisó qué autoridad las impondría ni con qué expediente mexicano.

En la misma rueda de micrófonos armó la pieza electoral. Se declaró proaliancista. Propone una coalición “tan amplia como se pueda” en Michoacán: PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y candidaturas de la sociedad. Puso sobre la mesa a Alfonso Martínez Alcázar, actual presidente municipal de Morelia, tres veces alcalde —una como independiente y dos por el PAN—. Sobre Grecia Quiroz, dijo que sería bienvenida a sumarse al proyecto, no como candidata de relevo: el perfil que él impulsa para gobernar, afirmó, es el de Martínez.

Cortés atribuyó a Morena un desgaste, un “voto de rechazo” visible en encuestas y una apuesta a “programas clientelares”. Dijo que las ideas fuerza de no mentir y de honestidad “se les cayeron” y que hoy lo que une a ese movimiento es el poder. Son lecturas de oposición, no mediciones oficiales citadas con fuente y fecha en la entrevista. También anticipó la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Ernestina Godoy, en el Pleno, para preguntar por un decomiso que la prensa ha descrito como error o como hecho manipulado. No adelantó el cuestionario. Dejó la cita.

Lo que viene, entonces, no es un titular de extradición para esta noche. Es una secuencia: la respuesta oficial del gobierno mexicano al discurso de Trump en la ONU; el trámite de extradición de Rocha Moya e Inzunza, que sigue en FGR y SRE; la comparecencia de Gobernación; y, en Michoacán, la construcción —o no— de una coalición opositora rumbo a 2027. El Senado no resolvió ninguno de esos puntos en el Patio del Federalismo. Solo se oyó la tesis de un senador que usa el foro internacional para empujar el tablero interno.

La frase más compartible no es el adjetivo. Es el recuento: 146 días de una acusación en Nueva York, un gobernador con licencia, un senador con fuero y una elección estatal a la vista. La pregunta que se puede llevar a la mesa, sin pedir militancia, es esta: si un gran jurado extranjero ya hizo su parte, ¿quién tiene que probar qué, y ante qué juez, antes de que México vote otra vez?