Xóchitl Arzola impulsa modernización notarial e inmobiliaria

En la Cámara de Diputados se encendió una discusión que, aunque suena técnica, toca directamente algo que millones de mexicanos consideran uno de sus mayores logros: tener una casa, un terreno o algún patrimonio. La diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas encabezó el “Foro notarial y fiscal inmobiliario”, un encuentro donde notarios, especialistas inmobiliarios y autoridades pusieron sobre la mesa un problema que suele aparecer cuando alguien compra, vende o hereda una propiedad: los trámites lentos, complicados y muchas veces poco claros.

La legisladora de Morena explicó que el objetivo del foro fue fortalecer la coordinación entre el sector inmobiliario, el notariado y las instituciones públicas para dar mayor certeza jurídica a las familias. Dicho de manera más sencilla: que las personas tengan la seguridad de que su casa, departamento o terreno realmente les pertenece y que ningún error legal o administrativo pueda poner en riesgo su patrimonio.

En México, las notarías tienen un peso enorme en las operaciones inmobiliarias. Son las encargadas de validar y dar legalidad a contratos, compras, herencias y otros procesos relacionados con propiedades. Por eso, durante el encuentro se insistió en que modernizar estos servicios no solo beneficia a empresarios o desarrolladores inmobiliarios, sino también a ciudadanos comunes que buscan realizar un trámite sin enfrentar meses de burocracia.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la digitalización de documentos en el Estado de México. Tomás Alejandro Santana Ordóñez, titular del Archivo General de Notarías mexiquense, explicó que tras la reforma a la Ley del Notariado se han agilizado procesos y reducido cargas administrativas gracias al uso de herramientas digitales. Esto significa menos papeles físicos, menos vueltas y mayor rapidez para obtener documentos como copias certificadas, testimonios notariales o consultas de autenticidad.

Además, destacó la creación de oficinas regionales y ventanillas únicas para acercar los servicios a la ciudadanía. Actualmente, dijo, existen 18 oficinas registrales en el Estado de México donde las personas pueden realizar trámites sin tener que trasladarse largas distancias. La apuesta detrás de esta estrategia es hacer que los servicios notariales sean más accesibles y menos desgastantes para la población.

Desde el sector inmobiliario también hubo un mensaje claro: sin coordinación entre autoridades y empresas, el mercado difícilmente puede avanzar. Gustavo Adolfo Bernal, representante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, señaló que la mayoría de las operaciones inmobiliarias en México requieren colaboración entre distintas partes y dependen de la confianza jurídica para concretarse.

La presidenta de AMPI NOVA, Jessica Ramírez, recordó que detrás de cada operación inmobiliaria existe el esfuerzo de una familia. Por ello insistió en la necesidad de profesionalizar constantemente al sector, capacitar asesores y fortalecer la relación entre notarías, instituciones y especialistas para evitar fraudes o irregularidades.

Otro de los puntos relevantes fue el reconocimiento al peso económico del sector inmobiliario. David Silva Miranda, director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, recordó que esta actividad aporta una parte importante al Producto Interno Bruto del país y genera crecimiento económico y social. Sin embargo, admitió que todavía existen pendientes heredados de administraciones anteriores y que aún falta modernizar diversos procesos.

Durante el foro también se abordaron temas como los nuevos procedimientos civiles y familiares, los testamentos, la sucesión de derechos y la actualización digital de las notarías. Aunque para muchas personas estos asuntos parecen lejanos, en realidad impactan directamente cuando se hereda una casa, se regulariza una propiedad o se realiza una compraventa.

El mensaje central del encuentro fue que modernizar notarías y registros públicos no es únicamente un asunto administrativo. En el fondo, se trata de construir un sistema más transparente, rápido y seguro para proteger el patrimonio de millones de familias mexicanas y darle mayor confianza a uno de los sectores económicos más importantes del país.